
El mismo consiste en modificar el Código Contravencional en lo referente a la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos. Para ello, el Gobierno propone que la vestimenta podrá ser tomada como prueba de la infracción y autoriza a la Policía a iniciar actuaciones "por si" sin tener siquiera que aguardar una decisión de un fiscal.
Una nueva medida de mano dura, de fundamentos o conceptos de por sí inconstitucionales pero que el Pro quiere aplicar para controlar un poco mejor su conflictivo territorio.