Sergio Schoklender, exapoderado de la agrupación “Madres de Plaza de Mayo”, está siendo investigado por dos jueces diferentes, en el marco de la causa que se inicia por el manejo irregular de los fondos dinerarios de la entidad que preside Hebe de Bonafini.
La primera presentación hace hincapié en el financiamiento que recibían las Madres de Plaza de Mayo para llevar adelante los planes de viviendas sociales. Fue realizada el pasado lunes por un abogado particular y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi.
Por otra parte, el lunes el fiscal antilavado, Raúl Pleé, presentó otra denuncia contra Sergio Schoklender. Tras el sorteo de la Cámara, este nuevo expediente recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.
Cabe destacar que, habitualmente cuando se superponen dos denuncias similares por los mismos hechos, el segundo juzgado que recibe el caso remite las actuaciones al primer juez interviniente, por lo que se prevé que finalmente sea Martínez de Giorgi quien quede a cargo de la investigación.
En tanto, el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, reveló que entregó "elementos con indicios" a la Justicia para que investigue a Schoklender, por presuntos manejos irregulares de fondos públicos.
"Hay elementos, exactamente. Pero hasta ahí llegamos. Podríamos tener más, pero en este caso, como tomó dominio público, se elevó al fiscal, que tiene más fuerza que nosotros", indicó Sbatella.
En ese sentido, agregó que durante un año se recibieron en la UIF unos 4500 expedientes detectados por "el sistema de prevención" de la entidad y detalló que se enviaron "4000 fojas respecto a operaciones realizadas por las empresas y personas involucradas".
Estos datos fueron elevados al fiscal Raúl Plée, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para continuar con la pesquisa.
"La UIF funciona como un ente administrativo que junta pruebas o semipruebas para que los jueces ameriten si siguen o no. Nosotros llevamos elementos con indicios", señaló Sbatella en declaraciones a radio Belgrano.
"Al tomar dominio público, se pierde la confidencialidad de los hechos. Vislumbramos que la labor de la UIF estaba cumplida y correspondía a la fiscalía decidir si avanza con dirección penal o archiva. Eso es lo que hicimos. Llevamos elementos con indicios", completó.
Asimismo, el titular de la UIF evaluó que "hay que deslindar estas responsabilidades y que la Justicia determine claramente las actitudes personales de las políticas".
Incluso consideró que "hay una historia detrás de las Madres que no pueden ser maquilladas con cuestiones que pueden ser producto de situaciones personales".
Por otra parte, Sbatella ponderó la sanción de la nueva legislación sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal, que adecuó la normativa vigente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que había amenazado con sancionar a la Argentina.
"Esta ley cambia estructuralmente la forma de investigar el lavado, y esto es muy importante por la posibilidad de sanción inmediata que antes no teníamos", dijo el titular de la UIF.
"Hoy sólo con la no posibilidad de explicar el origen ilícito de los fondos se amerita la investigación y la denuncia penal, esto va acelerar las causas del lavado en función en que se acortan los tiempos", concluyó.
