"Dime cuánto ganas y te diré que cargo tienes"


La impunidad no sólo es cometer actos delictivos sin pagar por ello; sino que se puede inscribir en ese concepto a una cantidad de actitudes de un funcionario público que no se somete a la normativa general que regula accionar. 

Bien supo definir esa situación el malogrado megaempresario Alfredo Yabrán cuando sentención que la “impunidad es poder”. Es poder no sólo fáctico, es decir, ejercicio puro y llano del poder, sino también poder hacer lo que se quiera. 

Esta cuestión del poder se enfrenta directamente con aquella de la ética del funcionario público, cuya extensión del término precisamente obliga al recato en el modo de vida, como bien aconsejaban los antiguos, debería el hombre que ejerce una función pública salir de ella más pobre de lo que ingresó; para estos tiempos algo imposible y propiamente una sentencia absurda.

Uno de los hechos que más escozor provoca en la opinión pública es sin duda el incremento patrimonial de quienes administran el poder, muchas veces asumidos en condiciones de inferioridad económica, pero que al tiempo muestran un elevado nivel de vida. 



Casas, vehículos de alta gama, viajes costosos y plazos fijos cifran cantidad que al común exceden aún su imaginación. En las últimas horas un informe sobre la situación patrimonial de algunos funcionarios da cuenta de que nada más durante el pasado año de 2010, hubieron quienes incrementaron sus balances en algunos casos en más de un cien por ciento.

El caso de Ricardo Echegaray, titular de AFIP es uno de esos supuestos. Este funcionario quien no registró incrementos en su ingreso, sin embargo aumentó su patrimonio en casi medio millón de pesos (de $2.469.402 a $ 2.926.794).

Más notorio ha sido, así como constante el aumento patrimonial de Héctor Icazuriaga, el hombre que maneja la SIDE, quien a pasado de $ 636.012 a la suma de $ 1.681.964, sin escalas en el camino. 

Aunque parezca extraño, quien menos subió sus números fue el Ministro de Planificación, Julio De Vido, quien según sus papeles fue desde $ 1.881.942 hasta los $2.250.259; aunque a la hora de la economía familiar, su esposa, la ex funcionaria Alessandra Minicelli, aporta más que su marido.

No se trata de trenzar datos para acusar sino que simplemente, el funcionario por su calidad de público está obligado ante quienes pagan sus ventajas en el cargo a mostrar la mayor probidad y los incrementos patrimoniales cuantiosos en tiempos exiguos, por lo menos, dan qué pensar. 

A la sospecha inconsciente viene a agregarse la medida de la Oficina Anticorrupción de prorrogar ya por segunda vez la fecha de las presentaciones juradas hasta después de las elecciones primarias de agosto próximo, lo cual suma más humo a las sospechas. Según se informó.

La presión ejercida por la publicación de la prórroga de la Oficina Anticorrupción, hecho por parte inédito desde que fue abierta, parece haber actuado de elemento de presión para algunos que se apuraron a cumplimentar el trámite. A la fecha, las dos declaraciones más esperadas aún no han llegado: la de la Presidente Cristina Fernández y la de su ahora compañero de fórmula, Amado Boudou.

Ninguno será la mujer del César, pero la impronta de parecer honestos sigue vigente.-

Por Matilde Sierra
Fuente: El Intransigente

 
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